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lunes, 7 de junio de 2010

Noticia

NOTICIA 7
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/04/andalucia/1236160829.html
Fecha, autor y lugar de publicación: 04/03/2009. Eduardo del Campo, Sevilla

Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia la falta de atención en las cárceles

Maribel Mora, presidenta de la APDHA, durante su comparencia
José María Solano, un vecino de 42 años de la barriada sevillana de Torreblanca, dice que cuando entró en la cárcel de Sevilla en febrero de 2003 para cumplir condena por antiguos delitos de robo con fuerza en las cosas a los que lo llevó la droga («nunca le hice daño a nadie», aclara; él partía candados para entrar en algunas obras y naves), estaba bien de salud. Ahora, en libertad condicional, dice que sus cuatro años en prisión le han partido el alma y el cuerpo por el abandono sanitario que sufrió: «No sirvo para nada».
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) lo invitó ayer a contar su dura experiencia en una rueda de prensa en Sevilla para ilustrar de forma inapelable su denuncia sobre la «vulneración sistemática del derecho a la salud» en las prisiones andaluzas. De esta injusticia trata su nuevo informe, Modelo de atención sanitaria en las prisiones ordinarias: deficiencias de la coordinación en Andalucía y en la asunción de responsabilidades de las administraciones implicadas (colgado en www.apdha.org).
Solano tenía dos fístulas anales, pero como no lo sacaban de la cárcel para llevarlo al hospital y las citas, hasta diez, se suspendían por falta (según le decían) de policías para trasladarlo, las heridas se le infectaron y agravaron tanto que tuvieron que operarlo para implantarle un ano artificial y colocarle una bolsa de descarga, que aún necesita. El problema físico le ha acarreado una depresión y le ha dejado, de momento, incapaz de trabajar, como hacía antes instalando tubos de aire acondicionado. Vive de la renta de inserción social de 420 euros al mes, que se le acaba en seis meses.
Permisos ordinarios para ir al médico
Solano acabó usando sus permisos carcelarios para ir al médico por su cuenta. «El cirujano plástico me dijo que yo me lo había dejado mucho, y yo había estado suplicando que me sacaran para llevarme al médico y me decían que no había coche [conducción policial], y así, una cita, otra y otra», recuerda. No fue un suceso aislado. Cuenta que se hizo un esguince de tobillo en la prisión y lo escayolaron durante dos meses, pero no lo llevaron al traumatólogo por falta de policías y al cabo de más de un año sigue con el tobillo sin curar y temen que sufra secuelas de por vida.
Además, relata que el dentista que iba a la cárcel le extirpó dientes pero no volvió para implantarle las prótesis prometidas. Que pidió atención psiquiátrica en prisión y no le contestaron. Que el juez de vigilancia penitenciaria le dio la razón y ordenó que lo llevaran al hospital «sin demora ni excusa» y todo siguió igual. Que pidió a la prisión el informe de su medicación para que lo operaran en el hospital y que nunca se la dieron. Que en la cárcel no le informaban de sus citas médicas hasta que lo llamaban para montarse en el furgón (donde a menudo le daban la vuelta por falta de policías). Y que sólo ahora, en la calle, se ha enterado de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS)está obligado por ley a que los pacientes en listas quirúrgicas no superen unos plazos de espera y a que si eso ocurre lo deriven a un centro privado. Nada de eso, denuncia, le cuentan a los presos, que sin embargo tienen reconocido por ley el derecho a recibir idéntica atención que la población libre.
"Si hubiera tenido asistencia sanitaria..."
«He salido peor de como entré. Me he visto dejado. Si hubiera tenido asistencia sanitaria, no estaría como estoy», se lamenta. La asociación se plantea pedir que lo indemnicen.
María Isabel Mora, coordinadora general de la APDHA, y Virtudes Acosta, responsable del área de presos, subrayaron ayer que éste no es un caso aislado sino la regla y que «hay miles de José Marías» que sufren la dejadez «absoluta» de las administraciones. El Ministerio del Interior y el SAS comparten por convenio de 1992 la atención sanitaria a los 16.751 presos de las cárceles andaluzas. El Ministerio pone los médicos generalistas y el SAS debe facilitar la asistencia especializada. Pero «llevan 17 años incumpliéndolo y están descoordinados», denunció Mora, que responsabilizó sobre todo a la Junta.
Al problema de las salidas al especialista se suma el de la precaria o inexistente atención psiquiátrica a ese 8% de población reclusa (1.340 personas en Andalucía) que padece una enfermedad mental grave y ese 40% que sufre trastornos mentales y de personalidad (6.700 presos). En las cárceles de Jaén, Alcalá de Guadaíra y Puerto III no entra ningún psiquiatra. En las demás, sólo una vez al mes o cada quince días.

Comentario.
Esta noticia, publicada por el diario El Mundo en el mes de marzo de 2009, recoge la denuncia del ciudadano Jose María Solano, amparado por La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Este hombre denuncia como, durante el tiempo que estuvo encarcelado no recibió la asistencia sanitaria que requería, de modo que su estado de salud se ha visto gravemente afectado, hasta el punto de no poder desempeñar su actividad laboral habitual y tener limitaciones para desarrollar su vida diaria.
Pese a que, según lo indicado en la noticia, el SAE está obligado por Ley a atender a los usuarios en unos plazos concretos y además, tiene un convenio con el Ministerio del Interior para atender sanitariamente a los presos de cárceles andaluzas.
Por tanto, esta noticia parece ser un ejemplo de cómo se vulneran los derechos de los pacientes que se encuentran encarcelados. Hay que tener en cuenta que, aunque se encuentren en privación de libertad, siguen siendo usuarios del SAS, de modo que deben de tener acceso a todas las prestaciones, acceso a la asistencia, etc. En este caso, la actuación del SAS ha sido negligente y el grado de profesionalidad de los funcionarios de la cárcel, muy bajo. Por un lado, porque deberían de haber estado atentos a las necesidades que manifestaba el preso, y por otro, porque no cumplen correctamente con el convenio pactado.
Es increíble cómo se pueden vulnerar los derechos de las personas y pisotear todo lo que está contemplado en convenios, leyes y decretos.







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